En 2023, la productividad relativa interna del sector Agricultura en América Latina y el Caribe fue 44 (con coeficiente de productividad total = 100), evidenciando su rezago frente a sectores de mayor productividad, según el gráfico sectorial del informe (CEPAL, 2025).

64,2% de las personas vivían en hogares totalmente informales en Nicaragua (OECD, 2024).

7% de la cobertura forestal en América Latina y el Caribe se perdió entre 1990 y 2020, equivalente a 138 millones de hectáreas, lo que evidencia la magnitud del proceso de deforestación en la región y la necesidad de fortalecer políticas de conservación y restauración (World Resources Institute, 2024).

PRESICA desarrolló un modelo de innovación agrícola regional basado en Consorcios Locales de Innovación, que articulan productores, institutos de investigación, universidades, ONGs y sector privado en torno a cadenas de valor de maíz, frijol, yuca y chile dulce. La estrategia partió de las demandas tecnológicas de los productores para impulsar investigación, validación tecnológica, transferencia y extensión con enfoque territorial. El proyecto operó en 8 países de Centroamérica y República Dominicana, conformando 22 consorcios locales. Contribuyó al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Regional de Innovación Agrícola como bien público.

Ecotrade es una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que como socio estratégico apoya el fortalecimiento de la integración económica regional. El programa busca facilitar, agilizar y hacer más sostenible el comercio entre los países centroamericanos y la Unión Europea mediante la modernización de procesos, la mejora de la conectividad y la reducción de barreras comerciales, contribuyendo a una región más competitiva y con mayores oportunidades para personas y empresas.

El Programa Grandes Bosques de Mesoamérica (GFM) es una iniciativa de cinco años (2023–2027) impulsada por la Unión Europea bajo un enfoque #TeamEurope para fortalecer la protección y el uso sostenible de los grandes bosques de Mesoamérica y otras áreas relevantes como la Región Trifinio. Su objetivo general es mejorar la conservación y sostenibilidad mediante cuatro componentes: (1) datos y transparencia para la toma de decisiones, (2) gobernanza forestal y conservación de biodiversidad, (3) producción y comercio sostenibles y libres de deforestación, y (4) derechos ambientales y defensa de los bosques. El programa se implementa en niveles regional, nacional y subnacional, articulando asistencia técnica, trabajo con socios regionales y fondos en cascada (cascading grants) con socios locales. Está diseñado para ser complementario a acciones nacionales y subnacionales ya existentes y para integrar sinergias con más de 100 acciones en curso en los bosques mesoamericanos. Además, cuenta con una Secretaría del Programa dentro del marco #EURECA para asegurar coordinación, coherencia y alineación con los objetivos estratégicos de la UE en la región.

La Ley N°. 462 establece el régimen legal para la conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal en Nicaragua, basándose en el manejo forestal del bosque natural, el fomento de plantaciones y la protección de áreas forestales. Crea el Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF) integrado por entidades públicas y privadas, siendo el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) el órgano ejecutor bajo la rectoría del MAGFOR. Establece incentivos fiscales para promover plantaciones forestales, manejo sostenible de bosques naturales y restauración de áreas degradadas, incluyendo exoneraciones de impuestos municipales y sobre la renta. Define el marco regulatorio para permisos de aprovechamiento forestal, planes de manejo, transporte de productos forestales y concesiones en tierras estatales. La ley también crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) para financiar programas de fomento y establece un sistema de infracciones y sanciones administrativas para garantizar el cumplimiento de las normas forestales.

El Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo es un acuerdo regional suscrito en San José el 12 de diciembre de 1989 por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que establece un régimen de cooperación regional para la utilización óptima y racional de los recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico en Centroamérica. El Convenio crea la CCAD como entidad ejecutiva encargada de dirigir y administrar este régimen, con el mandato de formular estrategias para promover el desarrollo ambientalmente sustentable, elaborar planes de acción, valorizar y proteger el patrimonio natural regional caracterizado por su alta diversidad biológica, y fortalecer las instancias nacionales de gestión ambiental. La estructura institucional comprende la Comisión integrada por representantes gubernamentales, una Presidencia rotatoria anual, una Secretaría ejecutiva, comisiones técnicas ad-hoc, y un fondo patrimonial conformado por aportes de los Estados y donaciones internacionales. El Convenio establece áreas prioritarias de acción incluyendo educación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de bosques tropicales, control de contaminación urbana, y manejo de sustancias tóxicas, promoviendo una gestión ambiental participativa, democrática y descentralizada en la región centroamericana.

El Acuerdo establece un marco integral de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y seis países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) firmado en Roma el 15 de diciembre de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de abril de 2014. Este instrumento jurídico refuerza las relaciones bilaterales mediante la promoción de principios democráticos, derechos humanos, Estado de Derecho y desarrollo sostenible. El Acuerdo abarca áreas clave como la integración regional centroamericana, la reducción de la pobreza, el comercio, la cooperación económica, la protección del medio ambiente, y la gestión de desafíos compartidos como la migración, las drogas ilícitas y el terrorismo. Constituye una asociación estratégica que sustituye al Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 y prepara las condiciones para futuras negociaciones de acuerdos de libre comercio entre ambas regiones.

PRESICA desarrolló un modelo de innovación agrícola regional basado en Consorcios Locales de Innovación, que articulan productores, institutos de investigación, universidades, ONGs y sector privado en torno a cadenas de valor de maíz, frijol, yuca y chile dulce. La estrategia partió de las demandas tecnológicas de los productores para impulsar investigación, validación tecnológica, transferencia y extensión con enfoque territorial. El proyecto operó en 8 países de Centroamérica y República Dominicana, conformando 22 consorcios locales. Contribuyó al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Regional de Innovación Agrícola como bien público.

El proyecto desarrolla y valida metodologías para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas ganaderos de doble propósito en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, combinando análisis indirectos basados en el IPCC (2006) con estudios experimentales en pasturas y mediciones de metano entérico. A través de la clasificación de fincas según su nivel de intensificación, la iniciativa evalúa las emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O, su relación con la productividad y los factores económicos, demostrando que los sistemas con mejor manejo forrajero y suplementación generan menores emisiones por unidad de producto. Además de generar factores de emisión locales y herramientas de cálculo más precisas (Tier 2), el proyecto fortalece capacidades mediante capacitaciones a productores, promoviendo prácticas ganaderas sostenibles y competitivas con bajas emisiones de GEI.

El objetivo principal del proyecto es aumentar la resiliencia ante crisis alimentarias y eventos relacionados con el cambio climático (CC) en los hogares del Corredor Seco de Nicaragua. El proyecto tiene como fin desarrollar las capacidades de actores locales y regionales para hacer frente a los riesgos y choques climáticos, como la sequía.