Asignación presupuestaria para 2027 de la segunda fase del Plan de Política de Naturaleza y Medio Ambiente del Caribe Neerlandés, orientada a fortalecer y restaurar los ecosistemas de Bonaire, San Eustaquio y Saba. Comprende la restauración de vegetación y corales, el control de la erosión y el sobrepastoreo, la reducción de especies invasoras y de la contaminación del agua, y la mejora de la conservación y el monitoreo de la naturaleza. Su objetivo es lograr un entorno natural más resiliente al cambio climático que contribuya a un ambiente de vida saludable y a la economía de las islas.

Proyecto impulsado por la empresa Atome Energy en conjunto con la Corporación Financiera Internacional (IFC) para desarrollar una planta de producción de fertilizantes verdes a partir de hidrógeno limpio. La iniciativa busca producir amoníaco y fertilizantes con bajas emisiones de carbono, utilizando energías renovables como insumo clave.

Proyecto regional dirigido a fortalecer la adaptación y resiliencia frente al cambio climático y los desastres en los sectores pesqueros de Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. La iniciativa beneficiará a más de 21 800 personas, incluidos pescadores artesanales, propietarios de embarcaciones, procesadores, vendedores, comerciantes y comunidades costeras, con atención especial a mujeres y jóvenes. Sus intervenciones incluyen embarcaciones e infraestructura pesquera climáticamente resilientes, restauración y monitoreo de arrecifes coralinos, manglares y praderas marinas, incorporación de la adaptación y la gestión del riesgo en la planificación pesquera, acceso a seguros y servicios financieros, formación, tecnologías y difusión regional de buenas prácticas.

La Ley 543 de 7 de julio de 2026 establece en Panamá la identificación obligatoria del origen y la diferenciación de productos alimenticios originales, sucedáneos e imitaciones, con el objeto de proteger al consumidor y al productor nacional, evitar prácticas comerciales engañosas y garantizar información clara sobre la naturaleza y procedencia de los alimentos. La norma exige que los establecimientos identifiquen visiblemente los productos como nacionales o importados, indiquen el nombre del producto en español y su país de origen, y adviertan cuando se trate de productos sucedáneos o de imitación. Estos últimos deberán exhibirse mediante señalización específica y mantenerse separados por al menos un metro de los productos originales. La Ley dispone que los productos alimenticios importados se comercialicen preservando las condiciones y especificaciones con las que ingresaron al país, prohíbe presentar productos cárnicos congelados como productos frescos nacionales, designa a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) como entidad fiscalizadora, establece multas de hasta quince mil balboas y califica determinadas infracciones como fraude alimentario. También ordena campañas de concienciación y educación al consumidor, deroga la Ley 113 de 2019 y comenzará a regir un año después de su promulgación.

Paquete de programas e instrumentos anunciado por el USDA para fortalecer el comercio agrícola, el acceso al mercado y la seguridad alimentaria en Venezuela. Comprende promoción comercial, garantías de crédito para exportaciones mediante GSM-102, cooperación técnica y formación por medio de los programas Borlaug y Cochran, y la evaluación de mecanismos de asistencia alimentaria y desarrollo agrícola.

La Portaria Interministerial MDA/MAPA/MF N.º 20 de 2026 autoriza a la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil a comprar, mediante subastas públicas, arroz de grano largo fino con cáscara de la cosecha 2025/2026 para formar existencias públicas. La medida destina hasta R$ 500 millones a adquisiciones dirigidas a mitigar los impactos asociados con el fenómeno El Niño. Las compras podrán realizarse en unidades federativas productoras donde el precio de mercado calculado por Conab supere el precio mínimo vigente. El precio máximo de adquisición será equivalente al 125 % del precio mínimo aplicable y podrán participar productores rurales y cooperativas constituidas por productores.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.

Esta iniciativa es una Cooperación Técnica (HA-T1341) en Haití para apoyar el desarrollo rural y agropecuario sostenible, enfocada en fortalecer la ejecución de la operación PAPAIR (HA-J0002) y en identificar nuevas oportunidades de inversión que mejoren productividad, seguridad alimentaria y resiliencia climática en el norte del país. La CT responde a retrasos y limitaciones de capacidad operativa del MARNDR en la implementación de PAPAIR (baja tasa de desembolso y dificultades en adquisiciones, gestión operacional y planificación), agravadas por el contexto de inestabilidad política, institucional y de seguridad. Sus objetivos específicos son: (i) fortalecer la capacidad del Ministerio para implementar PAPAIR, (ii) sistematizar lecciones aprendidas de operaciones pasadas y en curso (incluyendo instrumentos de incentivos, subsidios y asistencia técnica, y experiencias del sector privado), y (iii) apoyar el diseño de nuevas estrategias e inversiones (incluyendo cadenas de valor sostenibles y un estudio de factibilidad para rehabilitación de infraestructura de riego). La CT se estructura en tres componentes: apoyo a la gestión de ejecución de PAPAIR mediante consultorías (compras/contratos, infraestructura rural, M&E, género y diversidad), análisis de lecciones aprendidas, e identificación/diseño de nuevas estrategias e inversiones; con productos compartidos con autoridades y actores públicos, privados y socios de desarrollo. Será ejecutada por el BID a solicitud del Gobierno de Haití, con coordinación técnica permanente con el MARNDR (reuniones mensuales y punto focal), y se financiará con recursos OC-SDP de las Ventanillas W1D y W2A/W2B, por un total de US$300.000 para 24 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2025.

La iniciativa es una cooperación técnica binacional en la cuenca del río Putumayo, en la Zona de Integración Fronteriza Perú–Colombia, orientada a fortalecer la pesca artesanal sostenible y la seguridad alimentaria con acceso a mercados. Promueve la gobernanza pesquera transfronteriza mediante una mesa binacional, diagnósticos y campañas de monitoreo enfocadas en calidad de agua y especies ícticas de interés comercial. Impulsa bionegocios asociados a la cadena pesquera con sensibilización y capacitación, educación financiera, asistencia técnica, formulación de modelos de negocio y apoyo a equipamiento, además de ferias binacionales y alianzas comerciales. Incluye acciones de seguridad alimentaria a través de planes comunitarios, capacitaciones en buenas prácticas alimentarias, escuelas de campo y soluciones colectivas para acceso a agua (recolección, filtrado y almacenamiento). Su ejecución se realiza por agencias ejecutoras en Perú y Colombia durante 24 meses con financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia–Perú, con inicio requerido en septiembre de 2025.