6,1% aumentó el precio de los alimentos básicos tras dos meses de bloqueo en Ormuz (INFOBAE, 2026).

83% de las empresas agroalimentarias financia sus inversiones principalmente con recursos propios.

95,7% de los distritos del Peru, fueron clasificados como zonas de riesgo moderado-alto por exposicion a plagicidas. (Honles,J. et al, 2026)

El proyecto trinacional “Raíces” busca fortalecer la agrobiodiversidad y los sistemas de semillas en la agricultura familiar de Argentina, Brasil y Bolivia, mediante el mejoramiento participativo de recursos genéticos. La iniciativa integra conocimientos técnicos y saberes locales para conservar, reproducir y adaptar variedades nativas y criollas frente a cambios climáticos. El proyecto promueve el establecimiento de bancos comunitarios de semillas y el fortalecimiento de redes locales, junto con la capacitación en prácticas agroecológicas. Con ello, contribuye a mejorar la resiliencia productiva, la diversidad de cultivos y la seguridad alimentaria de pequeños productores, con énfasis en la inclusión de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas.

Esta iniciativa tuvo como objetivo reducir la pobreza rural en zonas altoandinas y de selva alta del Perú mediante el fortalecimiento de activos productivos, humanos, sociales y naturales de pequeños productores organizados. El proyecto promovió la conformación y consolidación de asociaciones rurales para la implementación de planes de negocio cofinanciados, acompañados de asistencia técnica, capacitación y mecanismos competitivos de asignación de recursos. Asimismo, impulsó la gestión territorial sostenible y el fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, facilitando la articulación a mercados, el acceso a servicios financieros y la generación de ingresos en poblaciones rurales vulnerables.

Esta iniciativa es una Cooperación Técnica (HA-T1341) en Haití para apoyar el desarrollo rural y agropecuario sostenible, enfocada en fortalecer la ejecución de la operación PAPAIR (HA-J0002) y en identificar nuevas oportunidades de inversión que mejoren productividad, seguridad alimentaria y resiliencia climática en el norte del país. La CT responde a retrasos y limitaciones de capacidad operativa del MARNDR en la implementación de PAPAIR (baja tasa de desembolso y dificultades en adquisiciones, gestión operacional y planificación), agravadas por el contexto de inestabilidad política, institucional y de seguridad. Sus objetivos específicos son: (i) fortalecer la capacidad del Ministerio para implementar PAPAIR, (ii) sistematizar lecciones aprendidas de operaciones pasadas y en curso (incluyendo instrumentos de incentivos, subsidios y asistencia técnica, y experiencias del sector privado), y (iii) apoyar el diseño de nuevas estrategias e inversiones (incluyendo cadenas de valor sostenibles y un estudio de factibilidad para rehabilitación de infraestructura de riego). La CT se estructura en tres componentes: apoyo a la gestión de ejecución de PAPAIR mediante consultorías (compras/contratos, infraestructura rural, M&E, género y diversidad), análisis de lecciones aprendidas, e identificación/diseño de nuevas estrategias e inversiones; con productos compartidos con autoridades y actores públicos, privados y socios de desarrollo. Será ejecutada por el BID a solicitud del Gobierno de Haití, con coordinación técnica permanente con el MARNDR (reuniones mensuales y punto focal), y se financiará con recursos OC-SDP de las Ventanillas W1D y W2A/W2B, por un total de US$300.000 para 24 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2025.

La Política Pública de la Persona Joven (PPPJ 2026-2030) es el instrumento estratégico del Estado de Costa Rica para avanzar en ejercicio efectivo de los derechos de las personas jóvenes en todo el país. Construida colectivamente a partir de las propuestas y percepciones de las juventudes, establece acciones prioritarias y articula a las instituciones en torno a la autonomía, el bienestar integral, la participación y el acceso equitativo a oportunidades de las juventudes. Ejes estratégicos: 1) Prevención de la violencias: entornos seguros y protectores para las juventudes; 2) Salud mental como derecho y cuidado colectivo; 3) Emprendimiento: impulso joven para la transformación económica; 4) Empleo: construyendo trayectorias laborales inclusivas; 5) Educación pertinente e innovadora para el desarrollo humano; 6) Participación, servicios públicos para la inclusión y el bienestar de las juventudes.

La Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad (EGIR) del Distrito Metropolitano de Quito es un instrumento programático que orienta inversiones, gobernanza territorial y articulación intersectorial para fortalecer el desarrollo sostenible de los territorios rurales. Incluye un eje específico para fortalecer la retención y participación de juventudes rurales, atendiendo brechas de educación, empleo, identidad cultural y migración, y plantea lineamientos para garantizar oportunidades económicas y sociales en las parroquias rurales del DMQ.

La Ley 2539 de 2025 modifica la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017 para incluir explícitamente a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. La norma garantiza y prioriza su acceso progresivo a la tierra, a proyectos productivos acordes con sus planes de vida, al desarrollo de actividades productivas rurales sostenibles, a la formación académica y técnica, al financiamiento y a la asociatividad. Asimismo, establece su participación en las instancias de gobernanza del territorio, crea un trazador presupuestal específico para juventudes rurales, promueve la innovación, el uso de TIC, el arraigo cultural y medidas especiales para jóvenes víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la reforma rural integral con enfoque territorial, generacional y étnico.

Esta iniciativa tuvo como objetivo reducir la pobreza rural en zonas altoandinas y de selva alta del Perú mediante el fortalecimiento de activos productivos, humanos, sociales y naturales de pequeños productores organizados. El proyecto promovió la conformación y consolidación de asociaciones rurales para la implementación de planes de negocio cofinanciados, acompañados de asistencia técnica, capacitación y mecanismos competitivos de asignación de recursos. Asimismo, impulsó la gestión territorial sostenible y el fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, facilitando la articulación a mercados, el acceso a servicios financieros y la generación de ingresos en poblaciones rurales vulnerables.

Esta iniciativa es una Cooperación Técnica (HA-T1341) en Haití para apoyar el desarrollo rural y agropecuario sostenible, enfocada en fortalecer la ejecución de la operación PAPAIR (HA-J0002) y en identificar nuevas oportunidades de inversión que mejoren productividad, seguridad alimentaria y resiliencia climática en el norte del país. La CT responde a retrasos y limitaciones de capacidad operativa del MARNDR en la implementación de PAPAIR (baja tasa de desembolso y dificultades en adquisiciones, gestión operacional y planificación), agravadas por el contexto de inestabilidad política, institucional y de seguridad. Sus objetivos específicos son: (i) fortalecer la capacidad del Ministerio para implementar PAPAIR, (ii) sistematizar lecciones aprendidas de operaciones pasadas y en curso (incluyendo instrumentos de incentivos, subsidios y asistencia técnica, y experiencias del sector privado), y (iii) apoyar el diseño de nuevas estrategias e inversiones (incluyendo cadenas de valor sostenibles y un estudio de factibilidad para rehabilitación de infraestructura de riego). La CT se estructura en tres componentes: apoyo a la gestión de ejecución de PAPAIR mediante consultorías (compras/contratos, infraestructura rural, M&E, género y diversidad), análisis de lecciones aprendidas, e identificación/diseño de nuevas estrategias e inversiones; con productos compartidos con autoridades y actores públicos, privados y socios de desarrollo. Será ejecutada por el BID a solicitud del Gobierno de Haití, con coordinación técnica permanente con el MARNDR (reuniones mensuales y punto focal), y se financiará con recursos OC-SDP de las Ventanillas W1D y W2A/W2B, por un total de US$300.000 para 24 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2025.

Esta iniciativa busca fortalecer sistemas productivos agroforestales sostenibles en fincas cafeteras que contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria para la reducción de la deforestación y la generación de ingresos para pequeños productores rurales. El proyecto incluye el establecimiento de aproximadamente 2.000 hectáreas de sistemas agroforestales mediante la siembra de 500.000 árboles forestales, el fortalecimiento de 600 hectáreas de plantaciones de café existentes, y el fortalecimiento del proceso productivo para la reducción de impactos ambientales. Se implementará un programa de extensión agroforestal con enfoque de género que incluye capacitación técnica, planes comerciales y acuerdos voluntarios de cero deforestación. La iniciativa beneficiará a pequeños productores cafeteros en los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander, priorizando población vulnerable, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas con un mínimo del 25% de participación de mujeres.